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Miércoles, 27 Diciembre 2017 12:00

HISTORIA DEL CENTRO Destacado

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La democracia hoy, se encuentra en términos teóricos encerrada en una serie de disyuntivas que hacen que sea cada vez más difícil mantener estándares de legitimización de los procesos políticos que se dan al interior de éstas.

 

La estructura clásica de la democracia liberal, basada en un esquema de carácter representativo, está inmerso en una serie de procesos para los cuales no se encuentra diseñado. Las redes sociales, la inmediatez de la información, la cada vez mayor cualificación de la población general y la exigencia constante de controles y resultados al aparato estatal por parte de la sociedad civil, hacen que hoy por hoy, los sistemas democráticos se encuentren en una de las mayores necesidades de transformación de su historia.

 

Los regímenes políticos de vocación democrática que se vienen desarrollando en la actualidad, basados en mecanismos de división tripartita del poder, implica un ejercicio de separación funcional que establece los mecanismos de control, ejercicio de los poderes públicos, complementación de las actividades públicas a partir de principios de colaboración entre los diferentes poderes públicos y repartición de las tareas estatales hacia el Sistema político.

 

En ese sentido, mientras que el Ejecutivo se encarga de la construcción de las políticas públicas a través de un aparato burocrático con altos niveles de especialización; y la rama judicial desarrolla su capacidad de decisión pública a través de fallos y sentencias por parte de una comunidad jurídica que debe cumplir unos estándares mínimos de formación y probidad; los parlamentos por regla general, carecen en últimas de una capacidad técnica tan elevada.

 

Y aquí aparece una de las paradojas del sistema político democrático contemporáneo: A mayor grado de especialización y de conocimiento técnico por parte de los funcionarios elegidos para el desarrollo de una tarea en el aparato estatal, se posee menor grado de legitimidad democrática. Sin embargo, la paradoja es de doble vía. Existe una tendencia a que los órganos que representan de forma más directa el interés y la voluntad general de los ciudadanos sean a su vez los que tienen menor capacidad técnica en la toma de decisiones.

 

Por otra parte, las sociedades contemporáneas, en mayor o menor medida, tiene una serie de comunidades académicas que viven el otro lado de la paradoja explicada anteriormente: tienen el conocimiento, la capacidad y las herramientas necesarias para encontrar soluciones creativas, prácticas y novedosas a muchos de los problemas que se viven cotidianamente. Sin embargo, su capacidad de difundir sus conocimientos, y aún más, de lograr influir en la toma de decisiones, es prácticamente nula.

 

 

En ese sentido, los diferentes parlamentos han venido implementando estrategias de diferente alcance para lograr equilibrar la desigualdad técnica que poseen frente a otras ramas del poder. Si bien estas estrategias suelen venir acompañadas de procesos complementarios, se pueden esquematizar en los siguientes tipos:

 

  • Parlamentos que concentran la capacidad técnica en los despachos de los parlamentarios, a través de funcionarios de apoyo.

  • Parlamentos que concentran la capacidad técnica en un único centro de pensamiento e investigación, el cual suele ser la biblioteca del parlamento respectivo.

  • Parlamentos que cuentan con un centro de investigación y desarrollo independiente del Parlamento

  • Parlamentos que tienen diferentes centros de investigación especializados (Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal, Oficina de apoyo técnico legislativo, centro de investigaciones parlamentarias, etc.)

 

En el caso colombiano, la ausencia de un centro de investigaciones especializado ha sido una constante en la historia parlamentaria, por lo que la función técnica ha sido asumida en buena parte por las Unidades de Trabajo Legislativo. Sin embargo, los diferentes proyectos de modernización del Congreso de la República han coincidido en la necesidad de crear centros  de pensamiento e investigación que desarrollen la capacidad técnica del congreso en función de la cualificación de la labor legislativa y de control político.

 

El primer proyecto de esta naturaleza fue el Proyecto ARCA (Articulación Congreso – Academia), que contó con la participación de diferentes universidades y centros de pensamiento, y fue regulado mediante Resolución 148 del 3 de mayo de 2007 de la Mesa Directiva del Senado de la República. Este proyecto permitió una primera interacción de las universidades con el Congreso, como apoyo para la elaboración de informes técnicos y la generación de insumos que sirvieran de apoyo para el trabajo legislativo.

 

En mayo de 2014 la Mesa directiva del Congreso de Colombia Creó mediante la resolución 177 el Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL, con el propósito de realizar y fomentar la investigación legislativa para generar el soporte académico del cual se formulen iniciativas de modernización permanente de las actividades y funciones del poder legislativo en Colombia. Esta resolución prevé la importancia de constituir una red de investigación de carácter nacional con las universidades que ofrezcan programas de derecho, ciencia política, administración pública inicialmente, para la realización de actividades académicas de distinto orden como parte de un plan hacia la consolidación de la investigación legislativa del CAEL y las instituciones vinculadas. 

 

El CAEL es un punto operativo de gestión institucional, creado al interior de la secretaría general del Senado que tiene como propósito promover la investigación en asuntos de interés para el órgano legislativo, facilitar el aprendizaje del ciudadano acerca de la labor legislativa, así como facilitar la formación de sus miembros en los diferentes niveles: representantes, asesores, y funcionarios que realicen actividades relacionadas con la misión  legislativa y de control político del Congreso de la República de Colombia.

 

El objetivo del CAEL es convertirse en un centro de actividad de investigación, formación y asesoría de alto nivel. El proceso se está diseñando por medio de una metodología de carácter incremental, el cual se sustenta en su primera etapa, en la promoción y gestación de una red de universidades, grupos de investigación, semilleros de investigación, investigadores, observatorios académicos y otros cuerpos académicos a nivel nacional y regional.

 

Este proceso además busca consolidar una red nacional e internacional de investigadores en temas legislativos, para la realización de actividades permanentes que generen productos y servicios para la institución legislativa y que, en suma, le permita paulatinamente concretar sus funciones al interior del Senado.

 

La estructura de funcionamiento, regulado por la resolución 001 de 2016 de la mesa directiva del Congreso de la República, permitió regular dos características: su funcionamiento interno es de carácter técnico y requiere poco personal, y su funcionamiento en red le permite tener aliados de alta calidad que generan los procesos técnicos y académicos para la cualificación legislativa.

 

Los convenios alcanzados a la fecha implican acuerdos de colaboración interinstitucional al que permiten el desarrollo de sinergias en las cuales, tanto las instituciones como los grupos e investigadores que a ellas pertenecen, obtengan beneficios por el posicionamiento de sus investigaciones y por la posibilidad de desplegar su potencial investigativo hacia el Congreso de la República.

 

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